El Justicia de Aragón considera que hoy, más que nunca, todos somos iguales ante la ley

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Tras la presentación y saludo de autoridades tuvo lugar la primer ponencia: ‘Derechos Humanos y personas con discapacidad intelectual’ a cargo de Fernando García Vicente, Justicia de Aragón.

Fernando García comenzó dando las gracias y recordando la importante labor desarrollada por la asociación Atades Huesca a lo largo de toda su trayectoria, con un recuerdo especial a José Luis Laguna, gerente saliente de la entidad, al que recordó con cariño señalando que “lo importante no es como se entra, sino como se sale, y José Luis lo ha hecho por la puerta grande”.

Con una determinación rotunda; “esto ha cambiado, ha cambiado muchísimo”, el Justicia de Aragón señaló que veníamos de un tiempo en el que el marcar las diferencias sociales estaba a la orden del día.

Pero hace 10 años se dio por fin un paso muy importante, y fue en una resolución de la convención de Naciones Unidas, donde se determinó que “todo el mundo es capaz mientras que un juez no diga lo contrario”, lo cual quedó definitivamente reflejado en la legislación española en la resolución del 1 agosto de 2011.

El Justicia continúo afirmando que “todo el mundo ante la ley tiene que salir de la misma línea salida, y este es definitivamente el punto de partida;”. A esto es a lo que se tiene que llamar igualdad de oportunidades, es decir, todo lo que va más allá de otro tipo de medidas más proteccionistas.

¿Quién es discapacitado, en que ámbitos se contempla la discapacidad y como está regulada?

La ley establece siempre unos plazos, y estudia ámbitos y casos concretos; por ejemplo en el ámbito de la salud, la educación o el trabajo donde hay que facilitar el derecho a la consideración y a la inclusión de forma razonable y dejando siempre una ventana a la esperanza.

De esta manera también se consideran otros ámbitos del espacio público, como la contratación laboral, tanto por parte de la empresa privada como de la administración, donde está regulada un número de plazas determinadas para personas con discapacidad en función del número de trabajadores de la empresa u organismo.

Otros contextos donde también existe regulación específica, y que en muchas ocasiones es desconocida, es en casos concretos como:

· Aseguradoras y pólizas de seguro; que normalmente discriminan con precios más altos a personas con discapacidad, y donde la ley establece que el seguro no puede discriminar,

· La propiedad horizontal; que debe contemplar un porcentaje de viviendas que cumplan los requisitos de adaptabilidad.

· Accesos a nuevas tecnologías, a las que las personas discapacitadas deben de tener las mismas oportunidades de acceso.

· En el ámbito familiar y social, en la que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a desarrollarse y vivir en comunidad

Para finalizar este punto, García indicó que “el procedimiento para la declaración de incapacidad de una personas es actualmente muy concreto y no hay que tenerle miedo. Este procedimiento sólo va a generar ventajas y determinar cuando una persona es incapaz, y la graduación de la misma en cada caso, sólo puede determinarlo un sentencia civil”.

Autogestión de la discapacidad y patrimonios protegidos

Fernando García continuó su ponencia explicando que la legislación española actualmente prevé que sea uno mismo el que controle y determine su incapacidad futura (en caso de diagnóstico) durante su intervalo lúcido y poder decidir quien quiere que administre su vida tanto en los social como en lo administrativo, e incluso modificar las resoluciones iniciales a largo del proceso de la enfermedad.

Asimismo, las familias de las personas con discapacidad pueden y deben prever, transmisión de bienes en su propio beneficio, considerando siempre proporcionar la máxima calidad de vida a la persona discapacitada. Para su consecución existen facilidades desde el punto de vista tributario; donaciones (exentas del pago de impuestos), desgravaciones de renta… etc.

A esto hay que añadir la gestión de patrimonios que funcionan de una manera especial, para favorecer a personas con discapacidad, independientemente que los administradores sean familiares o terceras personas. Este tipo de patrimonios funcionan al margen del resto, ya que tienen una finalidad concreta y no entran dentro del sistema de tutela directa.

Para finalizar su exposición el Justicia enumeró brevemente otros casos considerados y regulados por la ley como: el retorno a la familia del patrimonio destinado al discapacitado (en caso de su fallecimiento), rentas vitalicias gestionadas por entidades bancarias, relaciones intimas… etc.

En definitiva, existe una legislación dirigida a garantizar y preservar los derechos de las personas con discapacidad, y está en la obligación de todos considerarlos y aplicarlos.

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